Los desbordes sangrientos en Siria son una vieja historia. Las crueldades de los despotismos, empezando con el régimen del viejo Hafez Asad y culminando con lo que ocurre hoy día en ese atribulado país, llenan tomos de crueldades sin nombre y cementerios pletóricos de víctimas inocentes.
La dinastía de los Asad cuenta entre sus hazañas el hacinamiento de poblaciones para matarlas de hambre, el bombardeo de hospitales y escuelas con armas químicas y la pulverización de transportes de alimentos y medicinas de la ONU, como ocurrió últimamente en el sitio de Alepo.
Sin embargo, hay un capítulo que sobrepasa cualquier asesinato masivo registrado en la presente guerra. Se trata de los excesos sanguinarios en la prisión militar de Saydnaya que Amnistía Internacional (AI) investigó y para lo cual compiló los testimonios de exprisioneros, guardas, jueces, médicos y personal de la cárcel.
Con base en ese minucioso análisis, se determinó que hasta 13.000 civiles fueron extrajudicialmente ejecutados en la citada prisión, ubicada en las afueras de Damasco, entre setiembre del 2011 y diciembre del 2015, y no hay razón para creer que la matanza hubiese cesado entonces. Los miles de ajusticiados eran civiles, no soldados ni combatientes, sino simples vecinos del lugar.
Fueron torturados y luego ejecutados y muchos fallecieron antes de la ejecución debido a las horripilantes condiciones de la prisión. AI señala que entrevistó a numerosos individuos que participaron como jueces de los ajusticiamientos. Sus funciones eran unirse al coro de los lugareños designados para asentir en los “juicios” sumarios que AI designó como crímenes contra la humanidad. Además del régimen, las víctimas de los juicios sumarios eran prisioneros del Ejército Islámico y de entidades de Al Qaeda.
A la luz de lo sucedido, resultaría inconcebible que quienes perpetraron estos crímenes contra la humanidad fuesen admitidos como ciudadanos aptos para cargos judiciales o funciones básicas de la judicatura o la administración. Los protagonistas de la barbarie perpetrada en Saydnaya y otros sitios similares están descalificados para una vida civil normal.
Desde luego, las decisiones de AI deberían respetarse. Pero, ¿quién en su sano juicio podría pensar que los carniceros de Saydnaya y otras prisiones políticas, podrían abocarse a servir en la judicatura o en otras ramas de la administración civil que llegara a emerger del infernal matadero? ¿Habrá del todo un mañana pacífico en la selva barbárica de la Siria contemporánea?